Gracias a todos los que os habéis preocupado por mí. Como veis, a pesar del mucho trabajo que tengo ahora, sigo vivo. La verdad es que la vida me ha vuelto a demostrar que es caprichosa como ella sola: si hace poco más de un mes me “quejaba” por no encontrar trabajo, ahora tengo más del que hubiese imaginado entonces.
Cada día salgo de casa a las 7:45 de la mañana para ir a trabajar en el servicio de información de la Ley de Dependencia y cuando regreso a casa ya son más de las ocho de la noche. Tras la cena, casi todos los días dedico un mínimo de tres horas a escribir mis artículos de economía para el periódico Avui y los textos para una editorial que hace revistas de empresas. En fin, que mi vida ahora se resume en: duermo, como y trabajo. Menos mal que quienes me rodean tienen una paciencia de santo.
Espero que uno de estos días consiga algo más de tiempo para poder dejaros algunas reflexiones sobre las historias vitales con las que me estoy encontrando en mi nuevo trabajo de atención telefónica; es increíble.
En fin, que gracias, muchísimas gracias, a todos aquellos que os habéis ido pasando por aquí a la paciente espera de mis noticias. Con vosotros el esfuerzo vale la pena.
Sinceramente: besos y abrazos.
miércoles, 31 de enero de 2007
martes, 2 de enero de 2007
El Gobierno prevé completar el despliegue de la Ley de Dependencia el próximo mes de abril
Terra 02-01-2007
“El ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera, compareció hoy en rueda de prensa, acompañado por la secretaria de Estado de Servicios Sociales, Familias y Discapacidad, Amparo Valcarce, para detallar el proceso de implantación de la Ley, en vigor desde ayer, y explicar los pasos que deben dar los ciudadanos para recibir los servicios que prevé la normativa.
Aunque calculó que en España hay 1.200.000 personas en situación de dependencia, el titular de Asuntos Sociales especificó que este año sólo recibirán atención unos 200.000 afectados, considerados como 'grandes dependientes', para que en ejercicios posteriores, hasta el 2015, puedan incorporarse el resto de posibles beneficiarios. 'Nadie quedará sin protección por falta de recursos económicos', aseguró el ministro, quien agregó que, aunque hasta abril no esté completamente desplegado todo el contenido de la Ley, los afectados pueden comenzar a solicitar ya su evaluación.
Caldera recordó que el sistema tendrá una gestión descentralizada, se implantará de 2007 a 2015 y su financiación recaerá en las comunidades autónomas y la Administración central, que en estos años aportarán 26.000 millones de euros en conjunto, así como en los usuarios. Un baremo determinará el tipo de prestación a la que tiene derecho cada persona -en función de su nivel de dependencia-, y habrá un catálogo nacional de prestaciones mínimas, que incluirá servicios de ayuda a domicilio, centros de día, servicios de autonomía personal, atención residencial, ayudas técnicas y ayudas para la adaptación y accesibilidad del hogar. Pese a que todas las prestaciones podrán ser ampliadas por las comunidades autónomas, el ministro confió en que no haya grandes desigualdades entre las distintas autonomías.
Estimó, además, que la norma permitirá hasta el 2015 la creación de unos 350.000 empleos directos, para los que se ofrecerá una formación específica, y un aumento del 1,56 por ciento del Producto Interior Bruto del país.
Según el ministro, la Ley da prioridad a la prestación de servicios por delante de las ayudas económicas, configuradas como una segunda alternativa, aunque en los primeros años, 'en los que hay que crear las infraestructuras' necesarias, es probable que sean más comunes las ayudas monetarias. La Ley, calificada como 'muy ambiciosa' por el ministro, permitirá que millones de personas, que hasta ahora tenían que depender de sus familiares para ser atendidos, puedan recibir la asistencia necesaria mediante las administraciones públicas.
'Hemos alumbrado un cambio de modelo muy importante', subrayó Caldera, quien recordó que, merced a esta Ley, la protección de las personas dependientes deja de pertenecer en exclusiva a la esfera privada y se convierte en un 'derecho' para todos los ciudadanos.
Según el calendario que maneja el Ministerio, el próximo día 11 se celebrará una reunión con las comunidades autónomas, en la que previsiblemente se fijará la fecha del 22 de enero para un nuevo encuentro, en el que quedaría constituido el Consejo Territorial del Sistema de Atención a la Dependencia. Este organismo será el encargado de elaborar los reglamentos previstos, como el que debe determinar los baremos de las prestaciones en función del grado de dependencia o el que tiene que fijar las cuantías de las ayudas. Así, Caldera confió en que, a partir del 1 de abril, las comunidades autónomas, que son las que tienen la competencia en esta materia, puedan comenzar a realizar las pertinentes evaluaciones.
El Ministerio ha puesto en marcha un número gratuito de atención telefónica (900 40 60 80) para informar a aquellas personas interesadas y también emprenderá una campaña institucional explicativa del contenido de la normativa y de los derechos que recoge.”
“El ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera, compareció hoy en rueda de prensa, acompañado por la secretaria de Estado de Servicios Sociales, Familias y Discapacidad, Amparo Valcarce, para detallar el proceso de implantación de la Ley, en vigor desde ayer, y explicar los pasos que deben dar los ciudadanos para recibir los servicios que prevé la normativa.
Aunque calculó que en España hay 1.200.000 personas en situación de dependencia, el titular de Asuntos Sociales especificó que este año sólo recibirán atención unos 200.000 afectados, considerados como 'grandes dependientes', para que en ejercicios posteriores, hasta el 2015, puedan incorporarse el resto de posibles beneficiarios. 'Nadie quedará sin protección por falta de recursos económicos', aseguró el ministro, quien agregó que, aunque hasta abril no esté completamente desplegado todo el contenido de la Ley, los afectados pueden comenzar a solicitar ya su evaluación.
Caldera recordó que el sistema tendrá una gestión descentralizada, se implantará de 2007 a 2015 y su financiación recaerá en las comunidades autónomas y la Administración central, que en estos años aportarán 26.000 millones de euros en conjunto, así como en los usuarios. Un baremo determinará el tipo de prestación a la que tiene derecho cada persona -en función de su nivel de dependencia-, y habrá un catálogo nacional de prestaciones mínimas, que incluirá servicios de ayuda a domicilio, centros de día, servicios de autonomía personal, atención residencial, ayudas técnicas y ayudas para la adaptación y accesibilidad del hogar. Pese a que todas las prestaciones podrán ser ampliadas por las comunidades autónomas, el ministro confió en que no haya grandes desigualdades entre las distintas autonomías.
Estimó, además, que la norma permitirá hasta el 2015 la creación de unos 350.000 empleos directos, para los que se ofrecerá una formación específica, y un aumento del 1,56 por ciento del Producto Interior Bruto del país.
Según el ministro, la Ley da prioridad a la prestación de servicios por delante de las ayudas económicas, configuradas como una segunda alternativa, aunque en los primeros años, 'en los que hay que crear las infraestructuras' necesarias, es probable que sean más comunes las ayudas monetarias. La Ley, calificada como 'muy ambiciosa' por el ministro, permitirá que millones de personas, que hasta ahora tenían que depender de sus familiares para ser atendidos, puedan recibir la asistencia necesaria mediante las administraciones públicas.
'Hemos alumbrado un cambio de modelo muy importante', subrayó Caldera, quien recordó que, merced a esta Ley, la protección de las personas dependientes deja de pertenecer en exclusiva a la esfera privada y se convierte en un 'derecho' para todos los ciudadanos.
Según el calendario que maneja el Ministerio, el próximo día 11 se celebrará una reunión con las comunidades autónomas, en la que previsiblemente se fijará la fecha del 22 de enero para un nuevo encuentro, en el que quedaría constituido el Consejo Territorial del Sistema de Atención a la Dependencia. Este organismo será el encargado de elaborar los reglamentos previstos, como el que debe determinar los baremos de las prestaciones en función del grado de dependencia o el que tiene que fijar las cuantías de las ayudas. Así, Caldera confió en que, a partir del 1 de abril, las comunidades autónomas, que son las que tienen la competencia en esta materia, puedan comenzar a realizar las pertinentes evaluaciones.
El Ministerio ha puesto en marcha un número gratuito de atención telefónica (900 40 60 80) para informar a aquellas personas interesadas y también emprenderá una campaña institucional explicativa del contenido de la normativa y de los derechos que recoge.”
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